Informe sobre el desarrollo regulatorio                                                                           N. 5  /  11 de setiembre 2022 ¿QUIEN ROMPE LAS BOTELLAS? Con buen suceso el presidente de la República ha emitido normativa desde el Poder Ejecutivo, que viene a reafirmar el compromiso de su Administración en procurara de un mejor ambiente, a la hora de que los ciudadanos  realizamos trámites frente a las oficinas de gobierno.   La intención se aplaude,   aun y cuando desde inicios de la década del 2000, con la promulgación de la ley de protección y exceso de trámites al ciudadano, conocida como “ley 8220”, se plantearon una serie de parámetros de mejora   en las relaciones del administrado, frente a las instituciones del Estado. Esta ley, ha sido de muy difícil aplicación en las oficinas de gobierno, toda vez que los funcionarios públicos continuaron con una serie de viejas actitudes arrastradas desde años atrás, que inciden y perjudican una verdadera mejora regulat

CRÉALO...!!! El primero en asombrarse por ver el salón a capacidad máxima, fue el mismísimo Rodrigo Chaves: “Yo creí que yo era el único que tenía un poquito de demasiada afición por la comida…”,   dijo no más el mandatario al arrancar, fiel a su estilo cercano y coloquial frente a los auditorios. Las expectativas de la nutrida concurrencia de empresarios  que abarrotaron el hotel Intercontinental, durante el Congreso de la Industria Alimentaria,  se vieron cumplidas -en gran parte- ante las líneas generales que fueron trazadas por el presidente Rodrigo Chaves, sobre el relacionamiento que su gobierno desarrollará con el sector privado en los siguientes años.  Después de ocho años de incertidumbre, generada por dos administraciones que basaban gran parte de sus decisiones (políticas/sanitarias/técnicas) anteponiendo dogmas, a tener en el escenario del mayor evento industrial, a los altos jerarcas del Poder Ejecutivo reconociendo el papel fundamental de la industria alimentaria, “para a

  El gobierno recién acaba de enviar a la Asamblea  Legislativa,  la más reciente versión del proyecto de jornadas 4x3, también llamada jornada laboral excepcional.  (Exp. 21.182) Si bien el proyecto, que data del año 2019,  había avanzado hasta primer debate del Plenario Legislativo conservando gran parte de su estructura original,  sin ser un texto muy ambicioso, podríamos afirmar que cumplía con el propósito de brindar un marco normativo sencillo y ágil, que funcionara  para regular esa figura, que de hecho, ya se ha venido implementando por costumbre -y necesidad-  en algunos sectores productivos. Cuando fue dictaminado en la comisión de Asuntos Hacendarios en setiembre de 2021, las entonces diputadas  del PAC Laura Guido y Nielsen Pérez, fueron las únicas opuestas a la idea de facilitar las contrataciones bajo esa modalidad. Es así como redactaron su propio DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA. Ellas recomendaban no aprobar el texto en estudio, invocando conclusiones puntuales que no deja

  Informe sobre el desarrollo regulatorio N. 4  /  27 de junio 2022 NUEVA CANASTA BASICA, ¡NI MANZANAS NI SALCHICHON! El pasado 14 de junio cerró el plazo de consulta pública al que fue sometido el borrador de reglamento a la ley 9914, la cual por cierto, posee un nombre larguísimo: “Definición de la canasta básica por el bienestar integral de las familias”.   La consulta fue formulada por el ministerio de Hacienda.Esa ley fue aprobada en media pandemia, de autoría del ex diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, pretende que los alimentos que se integren a la canasta básica tributaria, cumplan parámetros nutricionales. Se argumentaba que el contenido se fijaba solo con criterios tributarios,  omitiendo criterios técnicos nutricionales. Los bienes comestibles y artículos que van en dicha canasta, se completa con los productos de consumo efectivo del treinta por ciento de la población de menores ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Durante el

  La carrera con que fue votado el proyecto expediente 22.901, “LEY DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS”, que reformaría la ley de la Competencia y Defensa del Consumidor, hizo  que nadie en la Asamblea Legislativa se percate de la antinomia que arrastra el texto. Una antinomia es la circunstancia en que, dos normas que pertenecen a un mismo sistema jurídico, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí, a cierto supuesto de hecho, y esto -obviamente- impide su aplicación simultánea. O sea, hay una contradicción total, cuando ninguna de ellas puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la otra. El último párrafo del artículo 53 de la ley de la Competencia aún vigente, indica que la Comisión Nacional del Consumidor carece de competencias para conocer de anulaciones de cláusulas abusivas dentro de contratos de adhesión, y para dictar pronunciamientos sobre los daños y perjuicios de la parte afectada en una relación contractual. Esto quiere decir que la v

La nueva Asamblea Legislativa no cumple un mes en el ejercicio de sus funciones, y ya varios diputados han continuado la vieja costumbre de hacer comisiones especiales temáticas, vinculadas a las provincias que representan. Si bien el ejercicio es totalmente legítimo y posiblemente bien intencionado,   en la realidad también es justificado que como sociedad, nos cuestionemos, si la comisionitis legislativa cumple alguna función relevante, que logre satisfacer alguna necesidad social de los habitantes de las zonas de las que provienen los legisladores. Estimo que igualmente se justifica poner el foco sobre la instrumentalización de estas comisiones especiales “provinciales”, que son utilizadas por los legisladores, como atajos de última hora, o vías rápidas que permitan la aprobación de legislación, aunque ella no guarde vínculo con el motivo que originó el nacimiento de una comisión especial. El más reciente ejemplo, es la llamada “ Comisión Especial de la Provincia de Limón ” de