N. 5 / 11 de setiembre 2022
¿QUIEN ROMPE LAS BOTELLAS?
Con buen suceso el presidente de la República ha emitido normativa desde el Poder Ejecutivo, que viene a reafirmar el compromiso de su Administración en procurara de un mejor ambiente, a la hora de que los ciudadanos realizamos trámites frente a las oficinas de gobierno.
La intención se aplaude, aun y cuando desde inicios de la década del 2000, con la promulgación de la ley de protección y exceso de trámites al ciudadano, conocida como “ley 8220”, se plantearon una serie de parámetros de mejora en las relaciones del administrado, frente a las instituciones del Estado. Esta ley, ha sido de muy difícil aplicación en las oficinas de gobierno, toda vez que los funcionarios públicos continuaron con una serie de viejas actitudes arrastradas desde años atrás, que inciden y perjudican una verdadera mejora regulatoria.
Es parte del paisaje que en oficinas de un ministerio le pidan al administrado, documentación que esa misma dependencia posee en otro departamento, porque no existe una coordinación interna que agilice los trámites. Es entonces cuando el ciudadano tiene que hacer las veces de mensajero, trayendo y llevando papeles (botellas).
Los años han pasado y la nueva Administración Chaves Robles, se ve en la obligación de emitir decretos para ver si finalmente se cumple lo que desde hace muchos años, debería estar en aplicación. Se hace ver lo difícil que resulta para el Estado ser eficiente frente al ciudadano, que muchas veces prefiere someterse a los caprichos del funcionario de ventanilla, con tal de que el trámite pueda seguir adelante, aún y cuando signifique una enorme molestia. Así como decía Eli Feinzaig cronómetro en mano, “¡Estado muévase…!”
Por ejemplo, si una sociedad anónima desea registrar una marca comercial ante el Registro de la Propiedad, ese registro le pide al interesado una certificación de personería jurídica -que casualmente- emite la misma institución. Costo de la certificación ¢3.200 colones.
Hay instituciones y ministerios que internamente a estas alturas, no tienen claras las competencias de sus oficinas, muchas veces debido a la pobre redacción legal y la mala técnica reglamentaria, generando normas que al final no resuelven absolutamente nada, repitiendo lo mismo que dice una ley, o peor aún, cambiando aspectos de fondo que fueron establecidos por el legislador.
Depende de nosotros que, en ejercicio de nuestros derechos, hagamos valer frente al funcionario público de ventanilla, la necesidad de una presentación única de documentación, de certeza y seguridad jurídica a la hora de realizar un trámite. No es posible que en estos tiempos, en razón del funcionario de turno, serán los requisitos que se le solicitan para un permiso o una autorización.
Peor cuando esto representa un traslape de competencias con otra institución. La única forma de poder apoyar el esfuerzo del Poder Ejecutivo en romper los cuellos -y toda la botella- radica en que los ciudadanos podamos ejercer control público de los abusos tramitológicos, y denunciar ante los jerarcas de las instituciones, las malas prácticas de regulaciones asfixiantes y absurdas.
En un caso reciente, un asociado de CACIA quería optar por un permiso sanitario de funcionamiento aplicando la modalidad de renovaciones cada 5 años, pero el área rectora del ministerio de Salud le rechazaba la gestión, porque la funcionaria no sabía cómo hacerlo.
Quebrar botellas es nuestro deber permanente. El mandato de mejora regulatoria no debe ser letra muerta.
Comentarios
Publicar un comentario