Eufemismos verdes y ecológicos

 

¿Quién redactó ese proyecto? ¡Greta Thunberg estaría orgullosa! 

La comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa estudia el expediente número 22.362 que pretende hacer reformas a la ley de Gestión Integral de Residuos. (Ley GIR) El proyecto es herencia de los ex diputados Cascante y Jiménez, y comenzó su trámite legislativo en diciembre del año 2020. 

Si bien el tema ha pasado sin pena ni gloria en su travesía legislativa,  en las últimas semanas levantó el perfil a raíz de movimientos mediáticos del gremio de gestores ambientales, junto a la diputada liberacionista Montserrat Ruiz, quien posee experiencia en temas cooperativos y fue directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (CANAESS). 

Varias cosas generaron alerta en sectores empresariales y comerciales, entre ellos CACIA,  que no lo pensaron dos veces para cursar correspondencia hacia los legisladores, y alertarles públicamente de las peculiaridades que se incluían en esa iniciativa, entre ellas, la pretensión de que las personas físicas o jurídicas que estén en el negocio de la valorización transporte, recolección y disposición final de desechos,  gocen de exoneraciones en tributos para la importación de maquinarias y equipos, así mismo, en compras internas de materias primas e insumos. 

Exenciones del pago del IVA en los servicios que los gestores brindan, para lo cual los diputados deben modificar, o mejor dicho debilitar, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

Exención de todo tributo a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, hasta por un período de 10 años. [1]

Le sacarían la rectoría al ministerio de Salud como ente a cargo del tema de gestión de residuos, y se la endosarían al MINAE. Recordemos que la designación de desechos de manejo especial, es una facultad ejercida vía reglamento y que el ministerio rector aplica. 

En la actualidad, los gestores estarían necesitando aumentar sus tasas de recuperación de residuos, y materiales ordinarios,  como el cartón, el plástico y el papel, podrían eventualmente entrar en la categoría de “manejo especial”, sí la autoridad política así lo designa, junto a las llantas, las baterías, los aceites de los vehículos entre otros. Esto haría crecer obviamente, los volúmenes de recuperación para los gestores.

Uno de los aspectos más llamativos es la manera en que se pretendía crear -y repartir- un impuesto que bajo el eufemismo de “contribución especial”, se introducía en el artículo 42- ter del proyecto.

Quienes apadrinan el proyecto pretenden fijar un impuesto para toda persona física o jurídica que produzca o importe bienes cuyos residuos finales sean declarados de manejo especial y/o peligroso por el MINAE.

El impuesto especial no podrá superar el equivalente a tres dólares, por cada unidad producida o importada del bien cuyo residuo final sea declarado especial y/o peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía, determinando en cada caso el tipo de unidad ya sea unidad física, litro o kilo, sobre la cual recaerá la contribución especial. 

El proyecto establecería un Fondo para el Manejo de Residuos, creando el mecanismo para su reparto, siendo que el “85%  de la mal llamada  “contribución especial”  será utilizado íntegramente para promover el manejo y disposición final de esos residuos por parte de diversos agentes que participen en el proceso de manejo, disposición final, reciclaje y transformación de los residuos especiales y/o peligrosos.

Para ello el MINAE  determinaría las tarifas que se pagarán por el manejo, disposición final, reciclaje y transformación de los residuos de manejo  especial, las cuales se abonarán del Fondo para el Manejo de Residuos a las personas físicas o jurídicas -gestores de residuos-.

Nadie discute ni pone en duda la importancia que cumplen las empresas que, en libre competencia y servicio eficiente, se dedican a recuperar y obtener valor de desechos de manejo especial. Pero eso es diferente a subsidiarse su actividad. Como dice el dicho: “la basura de unos, es el tesoro de otros”. 

Costa Rica posee una consolidada y estricta normativa medio ambiental, de la que es ejemplo en el mundo, y en la que se admite, avala y respeta la participación ciudadana de actores interesados. Donde las empresas y las actividades económicas producen sus utilidades con base en el esfuerzo del talento humano e innovación, no sobre las espaldas del resto de la población.

Este proyecto no solo encarecería -más- los bienes consumidos por miles de hogares, sino que además se verían afectadas las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales e industriales, entre otras, al acomodar discrecionalmente una serie de desechos ordinarios como de manejo especial, para generar volumen a los gestores. 

¡Lo decimos sin eufemismos! La Industria Alimentaria pide no taladrar bolsillos de consumidores con impuestos disfrazados de fondos verdes.

Carlos Antillón Morera. 
Regulaciones públicas y políticas estratégicas. CACIA.

 

 

---

[1] “Exención de todo tributo a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, hasta por un período de 10 años.” Art. 21 bis del proyecto.