ETIQUETADO FRONTAL DE ARGENTINA EN LA CUERDA FLOJA

El “fenómeno” de los sellos negros en los alimentos procesados y bebidas ha empezado a revertirse en el sur del continente americano. Argentina es un ejemplo reciente, tras presentar ante el Congreso una ley que busca derogar el sistema de etiquetado frontal, al menos en el modelo de octágonos que comenzó años atrás en Chile. Según el gobierno argentino (administración de Javier Milei), la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable —conocida como ley de etiquetado frontal— se basa en un modelo de cálculo de nutrientes incorrecto y diseñado deliberadamente para que casi todos los productos de supermercado carguen con estos sellos, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. ¿Qué argumentos se invocaron? veamos:  

No incentiva la creación de productos más saludables. El esquema es binario (lleva sello o no) lo que impide que mejoras graduales —como reducir algo de azúcar o grasa— tengan efecto inmediato. Esto desmotiva a las empresas a reformular sus productos de manera progresiva, reduciendo la innovación y la oferta de alternativas mejores. Impactos en comercio e inversión. Argentina emplea umbrales móviles, mientras que países como Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay utilizan valores fijos por cada 100 g o ml. Esta diferencia obliga a diseñar envases distintos para cada país, modificar fórmulas y gestionar inventarios separados, lo que aumenta costos y afecta la competitividad, especialmente de las PyMEs. El objetivo sería avanzar hacia un sistema unificado a nivel regional.

                     El etiquetado de octágonos negros camino a desaparecer en Argentina.

Restricciones económicas y regulatorias excesivas. Las limitaciones en publicidad, promociones y uso de personajes en envases se consideran trabas para actividades comerciales legítimas. A esto se suman costos operativos como el rediseño de envases y ajustes en líneas de producción, que terminan encareciendo los productos. Obstáculo al comercio, la inversión y la competitividad (especialmente para PyMEs) Aunque a primera vista pueden resultar iguales, lo cierto es que los sellos negros son distintos entre los países lo que causa una falta de armonización con el Mercosur. Brasil optó por un modelo de etiqueta muy similar al diseño de Canadá que usa lupas en lugar del sello negro. En Centro América una de las propuestas que estudian los órganos de la integración regional, es el modelo brasileño de etiquetado. 

Brasil utiliza lupas como etiquetado frontal, similar a Canadá

Esa región y el caribe son zonas libres de sellos negros, y las versiones de normativa en estudio en los congresos, son copias adaptadas del texto argentino, lo cual no es una coincidencia y responde a una agenda planificada y financiada por el mismo grupo de interés detrás de su imposición. Básicamente hay un exceso de paternalismo estatal interviniendo decisiones de los consumidores, los cuales son presentados por los activistas de los sellos negros, como incapaces de tomar sus propias decisiones.

Esta idea posee carga ideológica cuando afirman que parte del “problema” radica en que el consumidor tiene la libertad de elegir, o que los gobiernos de derecha “debilitan” las políticas de salud. Legisladores oficialistas del partido de Javier Milei (La Libertad Avanza) argumentan que los sellos demonizan los productos, y prefieren información nutricional clara sin manchas que estigmaticen la comida.

Cabildeo de alta intensidad y conflicto de interés

Los grupos de activismo internacional que defienden el etiquetado y restricciones son presentados como organizaciones de la “sociedad civil”, pero lo cierto es que, no actúan de forma orgánica, sino bajo una agenda económica financiada, diseñada y empujada desde Manhattan, articulándose como franquicias locales que ejecutan los "entregables" y las metas métricas que un financiero neoyorquino les exige para renovarles el contrato. Básicamente: si Bloomberg corta las subvenciones la "lucha social" se queda sin gasolina.

Varios de los grupos de interés que inciden políticas públicas son liderados por sociólogos, que ven en los consumidores, un laboratorio de experimentación social para probar sus métodos. No hay debate técnico limpio. ¿Cómo pueden las instituciones públicas ser imparciales y emitir criterios científicos objetivos, si sus investigadores y proyectos dependen del dinero de un donante que ya tiene una postura ideológica y política predefinida? La ciencia, -en este caso- se contrata bajo diseño para justificar una regulación predeterminada. El desafío ahora es recuperar la confianza. Sin independencia técnica ni información abierta, cualquier discusión se vuelve frágil.

El activismo anti-industria que lleva años empujando la causa, trata de convencer que aquello que ellos dicen es cierto, solo porque lo repiten muchos o lo repiten constantemente, y porque además los acompaña la autopercepción de creerse portadores de la verdad absoluta -y por lo tanto- la inmediata cancelación de quienes piensan distinto. Reconocer estas distorsiones, es el primer paso para reconstruir verdaderos procesos regulatorios más honestos y responsables.                

CARLOS ANTILLON

Abogado / Regulaciones Públicas