El nuevo gobierno ha hecho su debut, y entre el accidentado laberinto
que se le hizo con los decretos de las mascarillas y las vacunas, ha enviado a
la Asamblea Legislativa una tímida agenda de proyectos de ley.
La mayoría de los pocos proyectos que convocó en la primera ronda de sesiones extraordinarias, corresponde a iniciativas que vienen de la legislatura que finalizó el 30 de abril.
El hecho de que a un partido político le toque asumir el poder, sin una fracción legislativa propia que le antecediera y le aportara temas, al menos para el arranque, pues, debe ser (y de hecho es) algo que complica la inauguración presidencial.
De momento el menú de proyectos convocados en extraordinarias[1] va desde leyes sobre riqueza atunera, actualización de los impuestos a la propiedad de vehículos, ajustes al Código de Trabajo para incorporar nuevas jornadas excepcionales, hasta una muy atrayente propuesta de doña Yorleny León, ex diputada del PLN, (hoy en el IMAS) que busca abolir regímenes complementarios de pensiones, que disfrutan algunos empleados públicos (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Turismo). Según se desprende de la exposición de motivos del proyecto, en el caso del ICT y la CCSS, los empleados no hacen aporte alguno para esta pensión complementaria, los del BCR entregan el 0,5% del salario; los del ICE dan el 1% y los del BN, el 5,5%.[2]
Es obvio que el presidente Chaves, hombre de personalidad fuerte, y discurso sin mucha flor, (esto último, algo de lo cual los presidentes Solís y Alvarado, sinceramente llegaban a empalagar) estaría procurado entrar despacio y prudentemente a la Asamblea Legislativa, posiblemente para ir midiendo el terreno, al suave o de a poquito, a ver qué pasa. Digamos que esa estrategia es muy humana cuando estamos frente a lo desconocido.
Eso en sí mismo no está mal, tomando en cuenta que también la fracción de gobierno es novata en el redondel político de Cuesta de Moras, y necesita acomodarse para la faena, así como los toreros -de verdad- caminan despacio y concentrados los primero metros dentro de la plaza, antes de poder defender con banderillas y capote, en este caso, las propuestas que durante los siguientes tres meses lleguen desde la Casa Presidencial.
El problema que tiene el Gobierno es que los demás partidos ya se dieron cuenta, y están reclamando mayor contenido y volumen de los proyectos que se les envían. El Poder Ejecutivo no debería temer en convocar el conocimiento de iniciativas de los partidos de oposición -nuevos o veteranos- con los cuales, al menos, conceptualmente en el fin buscado exista coincidencia, y dejar que la democracia fluya entre las curules, a ver qué pasa. Creo que el señor presidente no tiene nada que perder, y como dicen en las corridas, "puerta..."!!
Con eso don Rodrigo gana dos cosas. Le da cuerpo a la agenda, y al mismo tiempo va construyendo puentes con los diputados, que sin duda pondrían manos a la obra a trabajar en esta primera etapa los proyectos que les interesaría tanto a ellos como a la presidencia ir moviendo. Recordemos que semanas atrás, el presidente electo solicitó a los nuevos inquilinos de la Asamblea, material que a ellos les interesaría se convocara en extraordinarias.
Lo malo sería que en estas primeras de tanteo, Zapote no pique la leña, ni preste el hacha.
[1] Las sesiones extraordinarias van del 1 de mayo, al 31 de julio y del 1 de noviembre al 31 de enero.
[2]
Página 3 del Expediente 2 1.824: “El BN y el BCR contribuyen con el equivalente
a un 10% de cada salario mensual; mientras que el ICT destina un 5%. En tanto, el ICE aporta un 4,5% y la CCSS un
2%. Además del ICT y de la CCSS, en donde el funcionario no cotiza nada, la
relación más desigual es la del BCR.
Este banco público aporta ¢20 por cada ¢1 que cotiza el empleado.”
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