A partir de hoy, y coincidiendo con la inauguración de una nueva legislatura, desde CACIA estaremos haciendo llegar semanalmente “House of Laws”. En estas líneas aspiramos seguir el pulso de la discusión sobre temas en la Asamblea Legislativa, y los razonaremos según el mérito. Más que una casa de naipes, o serie de Netflix (House of Cards) que se derrumbaría al menor movimiento de mesa -o de piso-, la Asamblea Legislativa de Costa Rica con sus virtudes y defectos, ha permanecido firme dentro de la institucionalidad democrática durante 73 largos años contados desde la última Constitución Política de 1949.
Desde entonces nuestra “Casa de Leyes” versión criolla, ha sido testigo de la creación de más de nueve mil leyes, y si bien no debe ser visualizada como una maquila de normativa, sepa usted que en la última semana de trabajo del periodo 21-22, los diputados salientes votaron afirmativamente muchos proyectos.
Esa tendencia, conforme se acerca el final, de ir saliendo de los asuntos pendientes que hacen fila para votación en el Plenario Legislativo, provoca que los jefes de fracción acuerden agendas de consenso, para que los asuntos que estiman importantes, y además tienen la característica de ser relativamente inocuos, sean leyes. O sea, que exista viabilidad de ver la luz en los últimos chances de votación, y que a nadie se le ocurra aparecerse por un atajo, con el célebre carretillo de mociones, para demorar su trámite. Lo malo es que, como muchas cosas en la vida, por hacer leyes a la carrera, las cosas pueden salir mal.
Así le paso hace pocos días al proyecto de ley para “ayudar” a los emprendimientos de los food trucks,[i] y más bien los diputados (diputaciones, como les dicen ahora, en idioma woke)[ii] lo que provocaron fue una avalancha de trámites y requisitos sobre los emprendedores, que los condenaba a literalmente ponerle candado al camión. En este país, la gran mayoría de las veces, cada trámite para cumplir con algún requisito administrativo, se subdivide a su vez en otras gestiones, y así hasta el infinito en una especie de matrioska rusa regulatoria. La prensa nacional terminó haciendo el trabajo que la comisión legislativa no hizo, y puso voz e imagen a los comerciantes afectados, y solo así las señoras y señores legisladores lograron interiorizar la torta que se jalaron.
Algo así le sucede ahora a los medios de comunicación que hacen periodismo investigativo, y que se convierten en las víctimas colaterales de la aprobación -a la carrera- del expediente número 21.397, [iii]una ley que en su título ostenta la promoción y transparencia en el suministro de información en el sector público, y que está generando un efecto no medido por los diputados, ya que la prensa tendría vedado el acceso y examen de antecedentes y documentaciones administrativas donde se abarquen casos que pudieran tener efectos penales o administrativos sobre funcionarios públicos. Me pregunto si la comisión que dictaminó el proyecto antes de su llegada a Plenario, tuvo el mínimo cuidado de requerir análisis al gremio periodístico, más allá de la solicitud de criterio, que es un mero formalismo para el expediente.
Lo cierto es que, si los nuevos habitantes de nuestra HOUSE a la tica, no interiorizan la trascendencia de cuestionarse los efectos no deseados, que con sus decisiones políticas pueden provocar sobre la colectividad nacional, la sustancia de sus actos, por más nobles que sean, quedará reducida a una simple declaración de buenas intenciones.
Carlos Antillón Morera. Abogado.
Regulaciones públicas y políticas estratégicas. CACIA.
[i] El Financiero del 18 de octubre 2016, “Negocio de Food Trucks avanza sobre ruedas a Costa Rica”, hacía ver que el costo de poner a operar un food truck, rondaba entre los 30 y 50 mil dólares. https://www.elfinancierocr.com/negocios/negocio-de-food-trucks-avanza-sobre-ruedas-a-costa-rica/NUVOFWQ3U5BXPJEN6753FOJSW4/story/
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